La propuesta legislativa para incrementar el salario mínimo en un 17% con la intención de garantizar el acceso a dos canastas básicas —una alimentaria y otra no alimentaria— ha generado preocupación entre representantes del sector empresarial, quienes advierten que la medida podría tener efectos económicos adversos, especialmente en pequeñas y medianas empresas.
Esteban Morales, vicepresidente de la Coparmex en Los Mochis, explicó que aunque la idea de elevar el poder adquisitivo de los trabajadores es positiva, su implementación requiere un análisis más amplio sobre sus impactos estructurales. Desde su perspectiva, este tipo de ajustes no solo modifican el ingreso de los empleados, sino que repercuten en varios otros rubros que dependen directamente del salario mínimo.
“Durante mucho tiempo se ha discutido que el cálculo de la canasta básica no refleja las condiciones reales de la mayoría de las familias. Por supuesto que es necesario que los trabajadores ganen lo suficiente para vivir con dignidad, pero también debemos reconocer que este tipo de cambios afectan otros costos operativos de las empresas”, explicó Morales.
Uno de los efectos más inmediatos de un alza en el salario mínimo, detalló, se manifiesta en el aumento de cuotas e impuestos como los pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que se actualizan en proporción al salario. “Los empresarios asumen esas cargas, pero rara vez se ve una mejora equivalente en la calidad del servicio”, señaló.
Desde Coparmex se advierte que estas modificaciones, aunque bien intencionadas, podrían provocar presiones económicas adicionales en un contexto donde las empresas ya enfrentan retos financieros por la inflación y la falta de apoyos fiscales. Morales también subrayó que muchos de estos costos no se ven reflejados en beneficios tangibles para los trabajadores, lo que genera un desequilibrio entre lo que se aporta y lo que se recibe.
El objetivo de la propuesta es reducir la distancia entre el salario mínimo y la línea de pobreza por ingresos, permitiendo a las personas cubrir tanto su alimentación como otros bienes y servicios esenciales. No obstante, los empresarios hacen un llamado a que esta iniciativa venga acompañada de reformas que aseguren un uso eficiente de los recursos públicos, mejoras reales en los servicios sociales y condiciones más equitativas para quienes generan empleo formal.