El trabajo infantil en los campos agrícolas de Sinaloa sigue siendo una realidad alarmante, impulsada por la desigualdad, la precariedad económica y el limitado acceso de muchas familias a servicios esenciales como educación y salud. Esta situación coloca en grave riesgo a miles de niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan consecuencias físicas, sociales y emocionales que marcan su desarrollo.
En México, más de 3.7 millones de menores participan en algún tipo de labor infantil, y la agricultura continúa siendo uno de los entornos más peligrosos para ellos. En numerosos casos, el trabajo de los menores se oculta bajo la idea de “apoyo” familiar o porque solo el jefe de hogar figura como empleado agrícola, especialmente entre familias migrantes. Esto provoca que la participación infantil quede fuera de los registros oficiales y sea más difícil dimensionar la problemática.
En Sinaloa, más de 59 mil niñas, niños y adolescentes viven esta situación, muchas veces normalizada y poco visible. En el sector agrícola, los menores enfrentan riesgos elevados: desde accidentes graves hasta enfermedades, además de la interrupción de su educación al comenzar a trabajar desde edades tan tempranas como los 5 o 6 años.
A esta vulneración se suma la presencia de menores que llegan al estado sin acta de nacimiento, lo cual limita sus derechos básicos y los expone a discriminación. Esta falta de documentación les dificulta acceder a servicios de salud, educación y protección. De acuerdo con Damaris Osuna, procuradora del Menor, la Mujer y la Familia del DIF Guasave, para muchas familias jornaleras es habitual que los hijos trabajen y no asistan a la escuela, sin tener claridad sobre que los derechos de la niñez excluyen cualquier forma de trabajo forzoso o riesgoso.
Acciones para combatir el trabajo infantil
El estado ha puesto en marcha diversas iniciativas para combatir esta problemática. Una de ellas es la Comisión Intersecretarial para la Erradicación del Trabajo Infantil, integrada por dependencias como SEPyC, Salud, SEBIDES, SSP, SEMUJERES, DIF, Agricultura, Trabajo y Previsión Social, la Comisión de Atención a Comunidades Indígenas, la CEDH, Migración Sinaloa, organizaciones como Save the Children y el sector productivo representado por CAADES.
También se han habilitado Centros de Atención Infantil (CAI) en zonas agrícolas para brindar cuidado y apoyo a los hijos de jornaleros. Además, se desarrollan campañas de sensibilización dirigidas a choferes y concesionarios de transporte laboral, con el propósito de impedir que menores sean trasladados a los campos.
Obed Báez, delegado de Vialidad y Transporte en Guasave, destacó que realizan revisiones constantes a las unidades que transportan personal agrícola para asegurarse de que no lleven menores a las zonas de trabajo.
Estas acciones buscan frenar una problemática profundamente arraigada, pero aún queda un largo camino por recorrer para garantizar que la niñez en Sinaloa crezca libre de explotación y con pleno acceso a sus derechos.